Ley de Antecedentes Penales prohíbe a empleadores solicitar el documento para postulaciones

La Asamblea Nacional (AN) sancionó la Ley de Registro de Antecedentes Penales, la cual se adecúa a los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos.

El objeto de esta ley es regular el registro de antecedentes penales a los fines de garantizar los derechos de las personas y el adecuado funcionamiento del sistema de justicia, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), los tratados internacionales suscritos y ratificados por la nación y demás leyes.

La norma, que contempla 16 artículos, garantiza también que el registro de antecedentes penales cuente con la información necesaria, veraz y oportuna.

Esta ley, que establece la creación de los Registros de Antecedentes Penales, contiene una serie de artículos que protegen al condenado, al determinar el derecho a la confidencialidad de la información que se encuentre en el registro para prevenir efectos discriminatorios, así como el derecho a acceder a la información y los datos que sobre sí mismo se encuentren en él.

Además, prohíbe a cualquier persona jurídica o natural en funciones de emplear, exigir a las personas la presentación de antecedentes penales como requisito para postularse a una oferta de trabajo, así como sancionará a cualquier persona que haga público un certificado de antecedentes penales.

Asimismo, destaca que los órganos del Estado tienen la obligación de suministrar información requerida para el Registro de Antecedentes Penales.

El costo de la tramitación de un certificado de antecedente penal también está establecido en la ley, el cual será de una tasa de entre 10 y 50 veces del tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Con información de AVN.