En Gaceta Oficial la creación de consejos educativos en sustitución de la sociedad de padres y representantes
Fecha 20/10/2012 11:56:00 a.m.
El pasado 16 de octubre, en Gaceta Oficial 40029, se hicieron oficiales algunos cambios en lo concerniente a los criterios de participación en los planteles públicos y privados. El instrumento legal deroga la Resolución 751, vigente desde 1986 y con él desaparece la figura de las sociedades de padres y representantes y será sustituida por el consejo educativo, integrado por representantes, estudiantes, docentes, trabajadores administrativos y obreros. También podrán participar personas ajenas a la escuela, que pertenezcan a alguna organización comunitaria de la zona. Cada institución decidirá la cantidad de miembros.
La resolución, que rige para colegios públicos y privados, establece que voceros comunitarios tendrán injerencia en la escuela. Los consejos educativos contarán con un mínimo de 10 comités –una estructura muy parecida a la de los consejos comunales–, y en Asamblea Escolar decidirá todos los asuntos de la institución, como los proyectos escolares, las evaluaciones de desempeño, el funcionamiento del programa de alimentación y otros.
Lila Vega, vocera de la Red de Madres, Padres y Representantes, ve con preocupación que exista un afán de politizar la educación: “La resolución habla de un modelo sociopolítico y de poder popular, que no tiene nada que ver con el derecho de los niños. Todo el documento indica que hay que velar por la educación ciudadana, pero no dice nunca que el foco sea mejorar la gestión escolar”. Agrega que el problema no es que participen otras personas de la comunidad, sino que el objetivo de la resolución desvirtúa el sentido de la escuela.
Jaime Gallardo, integrante de la red, dice que la resolución carece de conceptos como educación y ciudadanía o mejoras académicas. En lugar de eso, apunta, el documento habla de los nuevos ciudadanos, la democracia protagónica y la doctrina bolivariana.
Para Nancy Hernández de Martín, integrante de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes, la resolución sólo se dirige hacia un modelo de pensamiento: “La escuela pierde su razón de ser y se convierte en un centro de adoctrinamiento. La intención de esta normativa es destruir la escuela como lugar de conocimiento”.
En el proceso para definir el consejo educativo, los directores de las escuelas sólo tienen derecho a un voto. Eso quiere decir que los directivos, que ahora son la máxima autoridad en las instituciones educativas, pierden poder. Gallardo señala que si los miembros del consejo llegan a acuerdos, pueden anular las decisiones y criterios de los directores.
Vega agrega que el problema de esta estructura es que la comunidad educativa se recarga de responsabilidades que quizás no pueda cumplir Por ejemplo, dice, los padres o los docentes no podrán abandonar sus trabajos para resolver problemas puntuales de la escuela.
Indica que este modelo puede funcionar en algunas instituciones, pero que esa debería ser una decisión de cada institución. Es decir, el problema es que se impone una estructura que no necesariamente es la más adecuada para todas las escuelas. “No se puede aplicar una sola forma de participación para todo el mundo. Cada centro puede decidir sus formas de participación”, indica. Gallardo apunta que deberían existir instrumentos legales que atiendan las diferencias de cada plantel: los requerimientos de una escuela pública no son los mismos que los de una privada o subsidiada.
El Nacional
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