La defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, introdujo un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia en contra de las autoridades de la Universidad Central de Venezuela por la decisión de instalar portones de seguridad. La funcionaria argumenta que la decisión de los representantes de la máxima casa de estudios del país atenta contra el libre tránsito.

Ramírez dijo que “con la instalación de estos portones se alteraría se vulneraria el derecho al libre tránsito ustedes saben que la UCV es un lugar de paso, es un lugar que esta ubicado en el corazón de la ciudad esto afectaría y generaría un embolletamiento a nivel nacional, mejor dicho, metropolitano”, dijo.

La defensora del Pueblo aseguró que estos portones afectan el derecho a la salud, ya que en esa casa de estudios se encuentra ubicado el Hospital Clínico Universitario. Afirma que hay otras soluciones para el problema de la inseguridad.

“Yo creo que una coordinación entre las autoridades universitarias y los organismos de seguridad del Estado subsanaría de manera eficiente este tema, se han presentado denuncias en el escenario público y después los denunciantes no han ido a declarar ni al Cicpc ni al Ministerio Público”, dijo.

Ramírez dijo que la Universidad Central de Venezuela fue declarada patrimonio mundial, cultural y natural de la humanidad por lo que no se deben alterar sus puertas ni fachadas.